De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 6/2022, el bono social debe ser financiado por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como lo consumidores directos en mercado. Por lo tanto, no se admite la aplicación del coste de financiación del bono social por no ser un coste que la normativa impute a los consumidores finales.

El mecanismo de ajuste de costes de producción establecido con carácter temporal por el DDL 10/2022 es un concepto regulado y publico que la normativa contempla que se repercuta al consumidor final que tiene un precio indexado o con un contrato a precio fijo formalizado después del 16 de abril de 2022. Por lo tanto, este concepto regulado podrá ser trasladado a la facturación del suministro y así se deberá hacer constar en la fórmula que los licitadores fijen para el cálculo de sus ofertas. De acuerdo con la cláusula 5 del Anexo III del Pliego de Condiciones Reguladoras de la contratación, todos los términos regulados se trasladarán a la facturación sin incrementar su coste, y serán actualizados al alza o a la baja según marque la normativa específica del sector.

El proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (FNSS) se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y está actualmente paralizado, por lo que habría que esperar a su aprobación para conocer su alcance definitivo y sus previsiones en cuanto a su financiación. Si llegase a entrar en vigor la normativa reguladora del FNSS durante la vigencia del contrato, una vez definidos sus términos de aplicación, se atendería expresamente a lo dispuesto en la cláusula 21 del Pliego de Condiciones Reguladoras que establece lo siguiente: "No se admitirán revisiones de precio, con excepción, en su caso, de las derivadas de las disposiciones legales que pudiera emitir la autoridad competente relativas a nuevas figuras tributarias que graven este suministro, variación en los tipos impositivos actualmente existentes, en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y otros costes regulados, conforme a su publicación en el BOE y a la normativa vigente. El adjudicatario se obliga a comunicar justificadamente las modificaciones que resulten del precio, previamente a la primera factura afectada por dichas modificaciones."

De acuerdo con la cláusula 7 del Anexo III del PCR, para valorar las diferentes formulaciones a OMIE se realizará una simulación a pasado usando la fórmula indexada presentada por los licitadores en el Anexo II. El periodo de simulación será el comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, doce meses según curva horaria de consumos entregada, y usando los valores de componentes a que se hace referencia en dicha cláusula. En el caso del mecanismo de ajuste de costes de producción, se trata de un concepto regulado de nueva creación que no estaba vigente en el periodo de cálculo referenciado, por lo que no se incluiría en la fórmula de la oferta económica de los licitadores, si bien posteriormente, y en virtud de lo dispuesto en la cláusula 5 del Anexo III del PCR, al tratarse de un concepto regulado se trasladará a la facturación sin incrementar su coste, y será actualizado al alza o a la baja según marque la normativa específica del sector.